CUESTIÓN DE ESTADO

Hace poco más de una semana, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid concluyó la labor de búsqueda de fosas comunes en el cementerio del Carmen en las que se hallan cientos de cadáveres de personas represaliadas por la dictadura franquista. No solo de las que murieron durante el tiempo que duró la guerra, sino de las asesinadas después, cuando el régimen ya se había establecido. Unas fueron fusiladas tras juicios indignos de tal nombre cuyas sentencias aún no se han revisado; otras, simplemente, sin trámite. Estas últimas personas, varios cientos, fueron arrojadas como escombros en algún agujero y allí, sin nombre, siguen sepultadas por la tierra y la historia.

La ARMH lleva años realizando excavaciones y descubriendo dichas fosas. En la última de sus intervenciones, comenzada hace poco más de un mes, hallaron más de cuarenta cadáveres, algunos de ellos con agujeros en el cráneo producidos por un balazo traidor y cobarde. Hace poco más de una semana, ya digo, han dado por concluida esta intentona. Cuestión de medios. Un trabajo de tales características y de la dimensión que ha cobrado el del cementerio vallisoletano está muy por encima de las posibilidades de una asociación de voluntarios. El equipo de gobierno del Ayuntamiento ha dado buenas palabras; en las Cortes de Castilla y León, el Grupo Socialista ha formalizado una propuesta en la que solicita colaboración económica con la ARMH. Palabras e iniciativas tan bienintencionadas como mal dirigidas. Lo hecho por la ARMH bien está. Una asociación de voluntarios puede denunciar, incluso, como modo de protesta, realizar una tarea que no les corresponde, pero hasta ahí. De lo que estamos hablando es de más de 100.000 personas desaparecidas en el territorio español, personas nacidas y no muertas para el registro civil, lo que nos convierte, según esta estimación, en el segundo país del mundo –tras Camboya- en este ranking. Se sabe que están, toca buscarlos y averiguar, en la medida de lo posible, lo que ocurrió. La justicia y la reparación no puede ser, insisto, labor de un grupo de voluntarios con más o menos apoyo institucional, sino una cuestión de estado. Lo demás es escribir la Historia con renglones torcidos. O enterrarla para que diga otra cosa distinta de la que fue.

Publicado en "El Norte de Castilla" el 26-05-2016