Por si fueran escasos los frentes de batalla
abiertos por este gobierno, el Tribunal Supremo les aniquila la política de
extranjería. En este contexto bélico, en el que los periódicos escriben con
sangre la mayoría de sus páginas, la sentencia ha pasado casi de rondón. Pero
hela ahí. El polvo “teníamos un problema y lo hemos solucionado”, con la lluvia
que ha caído, llena de lodo la política social de un gobierno a la deriva. Y
les desmonta su concepto de democracia. La contestación social a esa ley fue de
dimensiones considerables; ciudadanos, grupos políticos y ONG´s pretendieron
que el gobierno menguara sus ínfulas xenófobas. Aznar, a lomos de su mayoría
absoluta, respondió con el desprecio: la mayoría la tenemos nosotros y esta ley
la ha aprobado el parlamento, valen más nuestros votos que la respuesta de la
calle. Pero son muchos ya los casos en los que los tribunales infligen serios
varapalos al gobierno por desamparar derechos o libertades.
Una democracia no es una sucesión de dictaduras
de cuatro años, hay unos derechos básicos que respetar. Esta política de hechos
consumados es, además de una aberración jurídica, un golpe axial a la
estructura de un estado de derecho. Porque, aunque exista el amparo, siempre a
posteriori, de un tribunal, ¿quién resarce del daño cometido en tanto se aplica
una ley ilegal?, ¿de qué servirá que dentro de tres años algún tribunal anule
la decisión del parlamento de intervenir en una guerra? La mayoría absoluta
galopa desbocada.
