Imagen tomada de eleconomista.es |
La jota del ‘que sí que, que no que’ tocada sobre el
escenario de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al respecto de quién debe
pagar el impuesto por la inscripción de las hipotecas, más allá del ridículo
producido, nos deja sobre las tablas una estrofa verdaderamente preocupante,
aquella que fue escrita en una nota informativa por el presidente de la Sala en
la que, para “dejar sin efecto todos los
señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar”, utiliza
como cimiento la “enorme repercusión económica y social”. En
realidad, todos hemos entendido el disparate como un eufemismo para, palabrería
mediante, salvar la cara a esa banca a la que la sentencia del Tribunal había
dejado un tanto cariacontecida. Al fin y al cabo ahí, en la cuenta de
resultados bancaria, es donde se concentraba la mayor repercusión económica. La
social, por otra parte, con cierta cautela, eso sí, como siempre que llega una
inesperada buena noticia, se condensó en un ‘dar palmas con las orejas’ de los
miles de potenciales beneficiarios.
Pero a lo que vamos, la “enorme repercusión económica y
social”
no puede ser el argumento jurídico de nada, al menos en un país en el que la
Justicia pueda ser tomada en serio. Suena demasiado a eso que conocemos como
‘razones de estado’ y que no son más que
las razones de los que controlan el Estado.
La sustancia que ha de determinar quién paga dicho impuesto
debería ser extraída estrictamente del campo del Derecho. Todo lo demás ubica a
los jueces en un territorio impropio, el de la política o el de la economía. Cuando
los jueces pretenden ser la solución, terminan siendo un problema. No sería
solo que se habría roto aquel principio de la separación de poderes, estaríamos
en una representación en que los jueces harían lo que no les compete dejando
sin hacer las labores de su competencia.
Llegados a este punto, el desprestigio de la Justicia subiría
algún que otro peldaño más. En esto parece que estamos, entre otras cosas,
porque no es nuevo que en las altas instancias judiciales -aquellas cuyos
jueces fueron designados por el poder político- se retuerzan
los renglones del Derecho para dar satisfacción a aquellos que eligieron a los
firmantes. Cuando no es con el ‘que sí que’ de las sentencias, es con el ‘que
no que’ de las marchas atrás.
Publicado en "El Norte de Castilla" el 25-10-2018
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