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El domingo pasado, sin embargo, se torció esa percepción cuando la autoridad política autonómica y estatal traspasó una línea aparentemente fina, pero demasiado gruesa, al suprimir el derecho al sufragio activo, el derecho que otorga carta de naturaleza como ciudadanos, a un grupo de personas infectadas por el dichoso COVID.
El asunto puede parecer menor, mas no lo es. Más allá de lo grave del hecho en sí, estamos ante una patada que abre una puerta peligrosa, una decisión que otorga al Estado un poder excesivo. Y no conviene. Es deseable que tenga capacidad para realizar las funciones que se le exigen pero no que agigante su poder.
Habrá quién argumente que es más importante la vida que votar. Falso dilema. Con los medios oportunos y un poco de voluntad, se puede garantizar el derecho al voto sin poner en peligro vida alguna. En cualquier caso, conviene recordar a las personas que pusieron en juego su integridad y su vida para alcanzar tal derecho. No frivolicemos.
Publicado en "El Norte de Castilla" el 15-07-2020
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