Siempre fue así. Habituados al poder, tan interiorizado lo tienen, que cuando -cosas de la democracia- lo pierden, su reacción se asemeja a la de cualquiera de ustedes si viesen caer algo hacia arriba. Es el sino de la derecha, una especie de síndrome de Obelix, creen que de niños cayeron en una marmita llena de una pócima mágica y desde entonces, incontestablemente, el poder es suyo. Y aún así no cejan en el empeño y siguen pidiendo un cacito más.
En el fondo no les falta razón, mientras las fuerzas económicas se impongan impunemente y marquen la estrecha senda por la que hemos de caminar, el poder será hereditario. Y lo manejan con la experiencia de generaciones. De las viejas a las nuevas. Son tantos años que han aprendido a apropiarse de todo con más destreza que yo a cambiarme de calcetines. Deciden, imponen y hacemos. Un día tras otro, hasta configurar un mundo a su gusto que no es otro que el de sus intereses.
A veces se les caza en un renuncio pero todo lo dejaron previamente atado y bien atado. Seguramente todos ustedes se indignaron al conocer que algunos hijos de “personas relevantes” del Partido Popular habían tenido la fortuna de ser agraciados con un piso de protección oficial. Puede que algunos les tranquilizase la explicación del Alcalde de Valladolid. “Todo es legal” dijo. Pues bien. Quizá es cierto. Triste certeza. Más triste aún su reflexión posterior, más o menos vino a decir que estas viviendas no se construyen para gente que las necesita. Sr. León de la Riva, tiene usted razón. No se hace una política de vivienda para respetar aquel principio constitucional que habla del derecho a una vivienda digna. Anuncia grandilocuentemente en cada plan que presenta el número de VPO y ahora nos explica que no son para quien las necesita. Se agradece la aclaración.
Es legal. Así parece ser, lo saben ya todos ustedes, por que de los tipos de vivienda de protección oficial, el 90% de las construidas son de la gama más alta (hay más gamas pero...) y para venta. La palabra alquiler sólo la utilizan para los coches a la salida de los aeropuertos. Se supone que da más trabajo, pero es su trabajo y no lo hacen. Si el promotor puede ganar más no va a ganar menos, que al fin y al cabo es de los nuestros y nos sabrá recompensar.
Es legal. Muchos son los que llaman pero pocos los elegidos. Nada es casual. Lo que es competencia del ayuntamiento se cede a los promotores. Ellos son los que deciden. Tú no, tú no, tú no, tú sí. No es ilegal. Claro que no. Pero de esta sartén le han dado el mango a los promotores. Cubren de agradecimientos la deferencia. Es de bien nacidos y educación no les falta. Los demás a esperar. Tras el trato de favor a unos pocos se condesciende con la extorsión a muchos. Si la constructora tiene la potestad de elegir a quienes les ofrece la gracia de una vivienda a un precio más bajo que el de mercado, puede exigir cantidades en dinero negro, obligar a asumir mejoras (y por tanto dinero)... Está en su mano poderlo hacer. Se ha denunciado... ¿Se ha investigado? A lo mejor todo no es tan legal. Y lo que hay de legal en esta componenda es un estercolero. Un atraco con el BOE en la mano.
El piso del hijo del alcalde es una espina en un cactus. Sin una política global de vivienda este hecho acabará en el olvido, un susto, una mala tarde. Pero todo seguirá igual. Lucrándose los mismos con la sonrisa cómplice de los mismos. En sus oficinas o en sus despachos oficiales.
Otros seguiremos clamando en el desierto: la creación de una lista única de solicitantes, el sorteo público entre los que cumplan con las condiciones exigidas, una política firme de creación de VPO de las gamas más bajas, la misma firmeza para potenciar una política pública de viviendas de alquiler, la revisión periódica de las VPO de forma que se impida especular con ellas. Decisión, voluntad, claridad y transparencia.
Bobadas, dirán ellos. Ulula un torvo dinero negro recogido con guante blanco. Mientras, en la paleta en la que se mezclan los colores de nuestra vida abundan los tonos grises que dibujarán nuestro futuro.
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