Así dice la Biblia, palabra de Dios. Así, claro, había que
creerlo ya que no existía, ni existe, forma de rebatir sobre una materia que es
desconocida. La palabra escrita estaba secuestrada por un pequeño reducto de
personas, las pocas que sabían leer, las muy pocas que podían hacerlo en latín,
que se valían de tal rehén para extender a su incumbencia la interpretación
‘oficial’ de los textos bíblicos. Ellos leían, todos escuchaban esa lectura.
Interpretación de hombre convertida en palabra de Dios. Contravenir era tildado
de herejía. Anatema. Hasta que llegó Gutemberg e inventó la imprenta de tipos
móviles. Más libros, en más idiomas y más baratos. Más aprendieron a leer. La
Biblia comenzó a ser lo que aparecía escrito en la Biblia y no tanto lo que
decían que aparecía. Lutero, por
ejemplo, sería impensable sin Gutemberg. El fraile agustino también fue anatematizado
pero tenía defensa: escribía y se le leía. El cristianismo terminó por romper. La
iglesia romana, ante el desafío, decide, en paralelo, reformar e imponer mano
dura ante el desafecto. De nada sirvió. Ni los tribunales -la Inquisición-, ni
el control de la información -el Índice de libros prohibidos-, fueron, a la
larga, capaces de evitar lo inevitable.
Nuestra biblia, la Constitución, anda a medio camino entre
la preimprenta y la contrarreforma. Las más altas instancias judiciales actúan
como si no supiésemos leer y toman, basando sus tesis en el interés político
actual, decisiones haciendo interpretaciones del texto constitucional opuestas
a las que, bajo el mismo texto, hicieron años atrás. Entonces, en 1987, Juan
Carlos Yoldi, un etarra encarcelado en espera de un juicio del que saldría
condenado a 25 años de prisión, fue postulado por el Parlamento vasco como
candidato a Lehendakari. El Supremo sentenció que no habría que impedir a un
ciudadano “en
prisión preventiva, aunque estén acusados de delitos castigados con penas
severas, su presentación como candidatos a parlamentarios o a presidentes de
las comunidades autónomas” ya que sería “oponer trabas al ejercicio de su
derecho”, lo que dañaría “los derechos políticos de sus electores”. Tres
decenios más tarde, del mismo texto, extraen conclusiones opuestas y a Jordi
Sánchez no se le permite presentarse como candidato a presidir la Generalitat. Cuestionar
tal decisión también ahora se acerca al anatema.
Por otro lado, la contrarreforma en marcha, por más tribunal
y control de la información que pretenda, no conseguirá más que lo opuesto a lo
que pretende porque solo contribuye a aumentar el número de desafectos. Aquello
acabó en cisma.
Publicado en "El Norte de Castilla" el 19-04-2018
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